Las autoridades nacionales, regionales y locales están conscientes de mancomunar esfuerzos para luchar contra el flagelo de la inseguridad, que es la principal preocupación de la población. De hecho, ese fue el tema abordado por el Consejo Federal de Gobierno, que contó con la asistencia del Vicepresidente Elías Jaua; el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami; y los gobernadores de estado, tanto revolucionarios como de oposición.
En el cónclave, realizado en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), con sede en la populosa zona caraqueña de Catia, cada autoridad tuvo la oportunidad de plantear la experiencia en su entidad, sus logros y también las vicisitudes más frecuentes, entre ellas la falta de presupuesto, de personal policial y de equipos para luchar contra el hampa, así como de políticas articuladas entre los distintos organismos de seguridad en el país. Los asistentes estuvieron de común acuerdo en incrementar el número de efectivos policiales y de diseñar una estrategia de alcance nacional que tenga como fin la prevención del delito, la garantía para los denunciantes y el respeto de los derechos humanos de quienes cometen hechos punibles, antes que aplicar la fracasada técnica represiva que signó la Cuarta República.
El Dispositivo Bicentenario de Seguridad y el Operativo “Madrugonazo al Hampa”, aplicados por las fuerzas de seguridad coordinadas tanto por el Ministerio del Interior y Justicia como por la Fiscalía General de la República, fueron aplaudidos hasta por los mandatarios estadales opositores al Gobierno Nacional, quienes abogaron para que estas medidas se apliquen más en estados como Zulia, Miranda, Táchira, Carabobo y Nueva Esparta, entre otras entidades gobernadas por dirigentes de la derecha política. Este reconocimiento contó con el visto bueno del Presidente Hugo Chávez, quien lo expresó así en su cuenta @chavezcandanga, de la red social Twitter.
El tema de la seguridad afecta a todos los ciudadanos y, como tal, reclama acciones más efectivas para reducir el índice delictivo en el país y preservar el derecho a la vida. Se trata también del talón de Aquiles del Gobierno Bolivariano; es decir, el asunto que más lo ha afectado en estos 12 años, incluso por encima de emergencias nacionales como la vaguada, la crisis eléctrica, la crisis bancaria o las estafas inmobiliarias, por citar coyunturas del pasado reciente. Pero este polémico asunto no sólo afecta al Ejecutivo Nacional, sino también a gobernadores y alcaldes, responsables más directos de la seguridad en cada región a lo largo y ancho del país.
A tales fines, desde esta misma semana se reunirán los directores de los cuerpos policiales y de seguridad ciudadana de las distintas entidades federales con las autoridades del Ministerio del Interior y Justicia para buscar fórmulas conjuntas que permitan bajar la incidencia de delitos y brindar mayor resguardo a la población en general. Obviamente, uno de los puntos de discusión debe ser el de la depuración de las diferentes policías, muchas de las cuales cuentan con funcionarios incursos en hechos delictivos o hasta que fueron dados de baja por otros organismos similares. Otro punto de acción debe ser la correcta administración de justicia y humanizar los recintos penitenciarios, convertidos en espacios de hacinamiento, de distribución y consumo de drogas, de prostitución, de planificación de delitos y de muertes violentas, contando incluso con la colaboración de los custodios en lo que constituye una perversa pérdida de valores y un gasto improductivo para el país.
El Dispositivo Bicentenario de Seguridad y el Operativo “Madrugonazo al Hampa”, aplicados por las fuerzas de seguridad coordinadas tanto por el Ministerio del Interior y Justicia como por la Fiscalía General de la República, fueron aplaudidos hasta por los mandatarios estadales opositores al Gobierno Nacional, quienes abogaron para que estas medidas se apliquen más en estados como Zulia, Miranda, Táchira, Carabobo y Nueva Esparta, entre otras entidades gobernadas por dirigentes de la derecha política. Este reconocimiento contó con el visto bueno del Presidente Hugo Chávez, quien lo expresó así en su cuenta @chavezcandanga, de la red social Twitter.
El tema de la seguridad afecta a todos los ciudadanos y, como tal, reclama acciones más efectivas para reducir el índice delictivo en el país y preservar el derecho a la vida. Se trata también del talón de Aquiles del Gobierno Bolivariano; es decir, el asunto que más lo ha afectado en estos 12 años, incluso por encima de emergencias nacionales como la vaguada, la crisis eléctrica, la crisis bancaria o las estafas inmobiliarias, por citar coyunturas del pasado reciente. Pero este polémico asunto no sólo afecta al Ejecutivo Nacional, sino también a gobernadores y alcaldes, responsables más directos de la seguridad en cada región a lo largo y ancho del país.
A tales fines, desde esta misma semana se reunirán los directores de los cuerpos policiales y de seguridad ciudadana de las distintas entidades federales con las autoridades del Ministerio del Interior y Justicia para buscar fórmulas conjuntas que permitan bajar la incidencia de delitos y brindar mayor resguardo a la población en general. Obviamente, uno de los puntos de discusión debe ser el de la depuración de las diferentes policías, muchas de las cuales cuentan con funcionarios incursos en hechos delictivos o hasta que fueron dados de baja por otros organismos similares. Otro punto de acción debe ser la correcta administración de justicia y humanizar los recintos penitenciarios, convertidos en espacios de hacinamiento, de distribución y consumo de drogas, de prostitución, de planificación de delitos y de muertes violentas, contando incluso con la colaboración de los custodios en lo que constituye una perversa pérdida de valores y un gasto improductivo para el país.
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