Una vez más las cúpulas de los partidos derechistas, viudos y herederos de la IV República, impusieron su criterio sin democracia en la selección de sus candidatos para las elecciones parlamentarias del venidero 26 de septiembre. Bajo la excusa sempiterna de la unidad, el dedazo funcionó y dejó en el camino a un grueso número de aspirantes, muchos de los cuales denunciaron que fueron excluidos por no pagar dinero en efectivo para participar en la contienda multipartidista.
La llamada unidad opositora fue secuestrada por las cúpulas de Acción Democrática, Copei, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo, partidos que, juntos, no suman 15% en las encuestas serias. Los opositores celebraron elecciones primarias en sólo 15 de los más de 80 circuitos que comprenden la jurisdicción nacional para el parlamento.
Henry Ramos Allup, de AD; Julio Borges y Henrique Capriles Radonski, de Primero Justicia; Luis Ignacio Planas, de Copei; Henrique Salas Römer, de Proyecto Venezuela; y Omar Barboza, de Un Nuevo Tiempo, el partido del prófugo Manuel Rosales, se encargaron de “decidir” los candidatos de la oposición, ignorando los posibles liderazgos individuales en las bases. De esta manera, hicieron su lista por estado e incluyeron a políticos presos como una forma de, si resultaran electos el 26-S, burlar los procesos judiciales que se les sigue por distintas causas, como los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero o Henry Vivas, sentenciados a pena máxima de 30 años de prisión por la masacre del 11 de Abril de 2002.
Otros abanderados seleccionados por “consenso” para burlar la justicia son Richard Blanco, ex Prefecto de Caracas, quien enfrenta un proceso legal por instigación a delinquir. José Sánchez “Mazuco”, ex Secretario de Seguridad Ciudadana de Manuel Rosales cuando éste fue Gobernador del Zulia, y quien enfrenta una investigación judicial por su presunta vinculación en el asesinato de Claudio Enrique Macías Briceño, agente de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), ocurrido el 07 de agosto de 2007, en el interior del Centro de Arrestos y Detenciones preventivas El Marite, estado Zulia.
También figuran el capitán retirado Otto Gebauer, procesado por la privación ilegítima de la libertad del Presidente de la República durante el golpe de Estado de Abril de 2002; y Biaggio Pillieri, quien se encuentra en prisión mientras es procesado por el delito de malversación de fondos durante su gestión como alcalde del municipio Bruzual del estado Yaracuy.
El consenso, el dedazo o la cogollocracia oposicionista también resolvió que el ex diputado Wilmer Azuaje fuese cabeza de lista en el estado Barinas. Azuaje fue detenido en flagrancia agrediendo a una funcionaria del CICPC y se le investiga por la presunta comisión del delito de violencia física, previsto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Y como colofón, como la gran pieza del ajedrez opositor, la Mesa de la división decidió que Manuel Rosales fuera candidato a diputado por el circuito 6 del estado Zulia. Rosales huye de la justicia venezolana que le requiere por la presunta comisión de los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
La intención de los oposicionistas es buscar que estos personajes resulten elegidos como diputados a la Asamblea Nacional, de modo de asegurarles inmunidad parlamentaria, burlar (como hecho hincapié) los procesos judiciales que se les sigue, sabotear la función legisladora del Parlamento en la adecuación del sistema jurídico venezolano transición al socialismo del siglo XXI y la desestabilización del país, que conlleve a la finalización abrupta del Gobierno Bolivariano, tal como ocurrió con el golpe de Estado de Abril de 2002 y el paro general de empresas opositoras y sabotaje petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003. Esa es la verdadera intención de los pseudo dirigentes demócratas que no se han podido desmarcar del camino de la violencia como vía para salir del Presidente Hugo Chávez.
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