JUSTICIA AGRARIA

En 1955, en tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se instaló en el país Agroisleña. Desde ese entonces hasta el presente, ha obstaculizado el desarrollo agrario nacional, ya que con el estatus empresarial de máxima vendedora de semillas y agroquímicos del país, ha estafado a campesinos y contaminado nuestro ambiente.

Sus dueños y fundadores son canarios y resulta ilógico, pero hasta hoy Agroisleña distribuía cerca del 80% de las semillas: todo un monopolio, figura que además está prohibida según lo establece nuestra Constitución Bolivariana (1999). Voy más allá, la misma Constitución puntofijista (1961) también los prohibía:

Artículo 113. “No se permitirán monopolios[….]También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa [….] haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada.”

“…..En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.” *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). *

Art. 97. “No se permitirán monopolios. Sólo podrán otorgarse, en conformidad con la ley, concesiones con carácter de exclusividad, y por tiempo limitado, para el establecimiento y la explotación de obras y servicios de interés público...” *Constitución de la República de Venezuela (1961).

Es importante destacar el último párrafo citado de la Carta Magna de 1999 donde se establecen las acciones que tomará el estado para evitar los monopolios y posiciones de dominio del mercado por parte de las empresas privadas.* La medida de expropiación que ha tomado el Gobierno Nacional, reivindica una lucha campesina de años, pues realmente la actuación de esta compañía ha sido criminal.

Para hacer una breve reseña de la acción delictiva de esta empresa, es necesario recordar que entre otras cosas, utilizaba agrotóxicos prohibidos a escala internacional, incluso existen casos de malformaciones congénitas en niños campesinos como consecuencia del uso de estos químicos.

Agroisleña también es responsable de la contaminación de suelos y ríos de nuestro país. La guinda de la torta la pone con la usura y la estafa: PEQUIVEN LE VENDÌA EL SULFATO DE AMONIO A 14,4 BS Y AGROISLEÑA LO REVENDÌA A 75 BS, 500% MÀS DE LO ESTABLECIDO; PEQUIVEN LE VENDÌA FERTILIZANTE PARA EL ABONO A 14,8 BS EL SACO DE 50 KILOS Y AGROISLEÑA LO REVENDÌA A 46 BS.


Como si esto fuera poco, recientemente se descubrió que Agroisleña solicitaba créditos a bancos, tanto públicos como privados y prestaba ese dinero a pequeños productores con altísimas tazas de interés.

Son evidentes los crímenes en contra de la nación, es más, demasiado tardó el Gobierno Nacional en tomar esta medida soberana, que además de acabar con el monopolio, fortalece la construcción de la soberanía y la seguridad alimentaria.

Como era de esperarse, las empresas mediáticas hablan de “robo” en el caso de esta expropiación. ¿Acaso no estaría más adecuada esta palabra para definir lo que Agroisleña hizo con nuestros campesinos durante más de 50 años?.

El descaro más flagrante son las declaraciones de algunos lamentables diputados oposicionistas recién electos y sus aliados de FEDECAMARAS defendiendo a esta empresa criminal. Sin embargo, el pueblo llano sabe que estos sectores no representan sino intereses del capital y no de la alimentación de los pobres.

Las cúpulas empresariales continúan intentando sembrar la matriz de opinión de que lo nacionalizado no sirve, pero allí está la evidencia en Lácteos Los Andes, Café Fama de América, Sardinas La Gaviota, Aceite Diana y tantas otras experiencias.

Es fundamental dejar bien claro, ante la manipulación mediática de la burguesía, que el estado garantiza los cargos de los empleados de la empresa Agroisleña, así como todas las cosechas a nivel nacional.

La alimentación del pueblo es fundamental para el desarrollo del país, razón por la cual no puede estar en manos de monopolios aberrados como lo fue Agroisleña. Como diría Ezequiel Zamora ¡Tierras y hombres libres!.