El día de ayer el Juez Braulio Salazar, del Tribunal 5to de Control del Área Metropolitana de Caracas, tomo la decisión de conceder libertad plena a los 35 detenidos por protestar el pasado viernes 12 de noviembre en las instalaciones de la estación Propatria de la línea 1 del Metro de Caracas. En efecto, un gobierno popular y revolucionario no va a ejercer ninguna influencia perversa sobre el sistema judicial para que gente del pueblo: hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, trabajadores, amas de casa y estudiantes, estén presos.
El Metro de Caracas sin profundizar en detalles que nos aparten del tema central de este texto se ha deteriorado de tal manera que se encuentra al borde del colapso, un hecho inaceptable ya que es del conocimiento general que el estado venezolano ha contado en los últimos diez años con recursos financieros más que suficientes para evitar que la situación llegara hasta a este punto.
La protesta de estos ciudadanos fue totalmente inapropiada ya que causó un retraso de varias horas en el sistema pero al mismo tiempo se comprende por el pésimo servicio que se está prestando en el subterráneo. Es obvio que la policía tenía que actuar, porque los andenes del metro son un área de extrema seguridad donde cualquier incidente fuera de control puede originar incluso una tragedia por los miles de voltios que fluyen por sus rieles, además ante la evidente paralización del servicio no quedaba otra posibilidad que desalojar los vagones. Al mismo tiempo es importante destacar los fallidos intentos de mediación tanto por parte de los funcionarios de seguridad del metro como por la Policía Nacional, solamente después de que se agotaron las posibilidades de diálogo los agentes actuaron.
En una operación policial que implica el desalojo de personas de un espacio determinado, sobre todo cuando éstas se oponen decididamente a abandonarlo, es inevitable el contacto físico directo, por lo tanto, cualquier acto de fuerza por parte de la policía nacional que se vio obligada a movilizar a los ciudadanos que se encontraban dentro del vagón, era inevitable y coyuntural, la gente no iba a salir a control remoto, ni con los novedosos métodos del Agente 007, tampoco actuó con extrema violencia porque de haberlo hecho, habría incluso heridos de ambas partes, pasajeros y policías.
La medida de arresto ocurrió debido a la alteración del orden público. Las autoridades del Metro de Caracas y del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones acusaron a los usuarios involucrados en la protesta de secuestro de trenes, pero es evidente no hubo ningún secuestro de este tipo, los pasajeros solo se resistieron a desalojar los vagones que ellos consideraron que debían circular en la ruta respectiva, en desacuerdo por las recurrentes e insoportables fallas del subterráneo.
Por otra parte hubo gente que se encontró atrapada en el incidente, de pronto entraron a los vagones y se depararon casi inmediatamente con el desalojo de los mismos. La tendencia antigobierno siempre va a estar presente en protestas por las deficiencias de servicios, cuya prestación recae en el estado. En el caso de que haya sido una acción planeada, se pudo realizar a sabiendas de que en el Metro siempre hay retrasos, sólo bastaba esperar uno para radicalizar la actitud de los usuarios, porque lamentablemente se ha vuelto costumbre el retardo prolongado en la llegada de los trenes, lo sucedido no fue más que la “crónica de una protesta anunciada”.
“La asesora legal del Comité de Usuarios del Metro de Caracas, Elenis Rodríguez indicó que extraoficialmente se conoció que los usuarios del subterráneo serían acusados por al menos cuatro delitos: terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción de vía férrea y alteración del orden público” (EL NACIONAL, 15/11/2010). Los dos primeros delitos no tenían peso ni ante los tribunales, ni ante la opinión pública ya que la protesta de los usuarios del metro, a pesar de sus repercusiones no puede ser considerada un acto de terrorismo o de delincuentes, independientemente del carácter político o escuálido que pueda tener, tampoco hubo obstrucción directa de vía férrea, lo que si es cierto, es que se impidió la libre y obligatoria circulación de un sistema de transporte público esencial para la ciudad y se produjo una alteraron el orden público, ante lo cual era necesaria la intervención policial.
Es importante detenerse a hacer una reflexión sobre el crecimiento acelerado del descontento popular, porque los que participaron en la protesta en la estación del metro, no fueron burgueses, ni oligarcas, son gente del pueblo, ciudadanos de a pie, que sufren diariamente las deficiencias de un sistema de transporte masivo vital para Caracas. La acción de estos ciudadanos no puede repetirse porque perjudica a un promedio de más de dos millones de usuarios del ferrocarril metropolitano por día y esto traería como consecuencia un verdadero caos general en la capital del país.
Es urgente que las deficiencias del Metro de Caracas sean reconocidas con sinceridad y resueltas a la brevedad posible por las autoridades competentes, en primer lugar por el bienestar de la ciudadanía y en segundo lugar para que los medios de comunicación privados no tengan motivo alguno, para hacer otro escándalo mediático conjuntamente con los líderes y voceros del oposicionismo.
La protesta de estos ciudadanos fue totalmente inapropiada ya que causó un retraso de varias horas en el sistema pero al mismo tiempo se comprende por el pésimo servicio que se está prestando en el subterráneo. Es obvio que la policía tenía que actuar, porque los andenes del metro son un área de extrema seguridad donde cualquier incidente fuera de control puede originar incluso una tragedia por los miles de voltios que fluyen por sus rieles, además ante la evidente paralización del servicio no quedaba otra posibilidad que desalojar los vagones. Al mismo tiempo es importante destacar los fallidos intentos de mediación tanto por parte de los funcionarios de seguridad del metro como por la Policía Nacional, solamente después de que se agotaron las posibilidades de diálogo los agentes actuaron.
En una operación policial que implica el desalojo de personas de un espacio determinado, sobre todo cuando éstas se oponen decididamente a abandonarlo, es inevitable el contacto físico directo, por lo tanto, cualquier acto de fuerza por parte de la policía nacional que se vio obligada a movilizar a los ciudadanos que se encontraban dentro del vagón, era inevitable y coyuntural, la gente no iba a salir a control remoto, ni con los novedosos métodos del Agente 007, tampoco actuó con extrema violencia porque de haberlo hecho, habría incluso heridos de ambas partes, pasajeros y policías.
La medida de arresto ocurrió debido a la alteración del orden público. Las autoridades del Metro de Caracas y del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones acusaron a los usuarios involucrados en la protesta de secuestro de trenes, pero es evidente no hubo ningún secuestro de este tipo, los pasajeros solo se resistieron a desalojar los vagones que ellos consideraron que debían circular en la ruta respectiva, en desacuerdo por las recurrentes e insoportables fallas del subterráneo.
Por otra parte hubo gente que se encontró atrapada en el incidente, de pronto entraron a los vagones y se depararon casi inmediatamente con el desalojo de los mismos. La tendencia antigobierno siempre va a estar presente en protestas por las deficiencias de servicios, cuya prestación recae en el estado. En el caso de que haya sido una acción planeada, se pudo realizar a sabiendas de que en el Metro siempre hay retrasos, sólo bastaba esperar uno para radicalizar la actitud de los usuarios, porque lamentablemente se ha vuelto costumbre el retardo prolongado en la llegada de los trenes, lo sucedido no fue más que la “crónica de una protesta anunciada”.
“La asesora legal del Comité de Usuarios del Metro de Caracas, Elenis Rodríguez indicó que extraoficialmente se conoció que los usuarios del subterráneo serían acusados por al menos cuatro delitos: terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción de vía férrea y alteración del orden público” (EL NACIONAL, 15/11/2010). Los dos primeros delitos no tenían peso ni ante los tribunales, ni ante la opinión pública ya que la protesta de los usuarios del metro, a pesar de sus repercusiones no puede ser considerada un acto de terrorismo o de delincuentes, independientemente del carácter político o escuálido que pueda tener, tampoco hubo obstrucción directa de vía férrea, lo que si es cierto, es que se impidió la libre y obligatoria circulación de un sistema de transporte público esencial para la ciudad y se produjo una alteraron el orden público, ante lo cual era necesaria la intervención policial.
Es importante detenerse a hacer una reflexión sobre el crecimiento acelerado del descontento popular, porque los que participaron en la protesta en la estación del metro, no fueron burgueses, ni oligarcas, son gente del pueblo, ciudadanos de a pie, que sufren diariamente las deficiencias de un sistema de transporte masivo vital para Caracas. La acción de estos ciudadanos no puede repetirse porque perjudica a un promedio de más de dos millones de usuarios del ferrocarril metropolitano por día y esto traería como consecuencia un verdadero caos general en la capital del país.
Es urgente que las deficiencias del Metro de Caracas sean reconocidas con sinceridad y resueltas a la brevedad posible por las autoridades competentes, en primer lugar por el bienestar de la ciudadanía y en segundo lugar para que los medios de comunicación privados no tengan motivo alguno, para hacer otro escándalo mediático conjuntamente con los líderes y voceros del oposicionismo.
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