DAMNIFICADOS TIENEN AHORA VIVIENDAS DIGNAS

El Gobierno Revolucionario Bolivariano no abandona a la población de más escasos recursos y menos cuando, por causa de la naturaleza, las personas han quedado sin un techo donde vivir.

Es así que el Presidente Hugo Chávez ha girado instrucciones para dotar rápidamente de viviendas dignas a miles de compatriotas que las han perdido como consecuencia de las permanentes lluvias que han caído y siguen cayendo en gran parte del territorio nacional.

Para cumplir este objetivo, el Gobierno Nacional adelanta la construcción de varias casas y apartamentos en distintos estados del país y ha metido en cintura a empresarios estafadores inmobiliarios para que culminen a la brevedad posible y con los mayores estándares de calidad los desarrollos habitacionales prometidos desde hace años a mucha gente, especialmente de la clase media, que pese a haber cancelado en preventa su bien inmueble, aún viven alquilados en casa de familiares o en zonas consideradas de alto riesgo.

Hay que recordar que muchas familias han visto cómo sus casas, construidas con mucho sacrificio en áreas inestables, se desploman en pocos segundos por causa de frecuentes derrumbes.

También hay que citar que, en gobiernos anteriores, estas personas perdían sus propiedades y nadie velaba por ellas, nadie les daba la cara y, luego de pasar años de hacinamiento y olvido en refugios eternos, regresaban con sus sueños de construir su vivienda en terrenos inestables que la naturaleza volvía a castigar en una historia que se repetía en un círculo vicioso interminable.

Hoy la realidad es otra. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 82, garantiza el derecho de los venezolanos a poseer su vivienda y, en tal sentido, declara que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”. Al respecto, es de hacer notar que el Gobierno está realizando un esfuerzo sin precedentes para hacer cumplir a cabalidad la letra de la carta magna.

El Presidente ha ordenado a su equipo de trabajo no sólo solucionar a la brevedad posible este terrible sufrimiento de la población afectada, sino que les asigna unidades habitacionales en zonas de desarrollo económico (como en las llamadas ciudades satélites o en otras importantes urbes del país) para desconcentrar a Caracas, que ya supera los seis millones de habitantes.

Es decir, la solución no sólo abarca otorgarle una vivienda a los afectados, sino también entregárselas equipadas (pues muchos también pierden sus enseres) y en un sitio donde haya oportunidades de trabajo y estudio, con la finalidad de activar el aparato productivo de la región.

Aparte de ello, el Ejecutivo Nacional asiste financieramente, a través de la banca pública, a quienes deciden emprender una nueva vida en otro sitio con el otorgamiento de créditos a bajos intereses para estimular pequeños y medianos negocios que sirvan de manutención familiar. Esta acción del Sistema Financiero Público Nacional se enmarca en los principios de equidad, solidaridad y justicia social que impulsa el Gobierno Bolivariano en Socialismo.