La llegada de la oposición a la Asamblea Nacional es un momento propicio para dar el gran debate político, justo en el mismo parlamento o en las calles de todo el país. El Presidente Hugo Chávez, en su discurso de Memoria y Cuenta, hizo tal invitación pero algunos medios de comunicación, al servicio de la derecha recalcitrante y de la clase burguesa, empezaron a implosionar cualquier posibilidad de diálogo.
Muchos dirigentes de oposición y también de las filas revolucionarias pudieran estar ganados a la idea de sentarse en la misma mesa a formular propuestas y hacer señalamientos pertinentes para el bien del país en general, pero esas buenas intenciones son torpedeadas por las empresas privadas con fines de lucro dedicadas al ramo de la comunicación social. Para muestra un botón: Globovisión, El Nacional, Tal Cual, Televen, Unión Radio y Radio Caracas Radio.
Estos “medios”, que no son tales, se convirtieron desde hace mucho tiempo en activos partidos políticos que no se miden en elecciones buscando los votos del pueblo, sino que imponen la agenda a la dirigencia opositora, so pena de vetarla de sus programas. Son estas empresas las que violan el derecho constitucional a la libertad de expresión, pues si, llegado el caso, un político contrario al Gobierno Nacional reconociera aunque sea un logro del Ejecutivo o asomara la posibilidad de un entendimiento, inmediatamente le cerrarían sus oportunidades de aparecer en las pantallas de televisión, o dar su mensaje por radio o prensa escrita.
La condición para aparecer en estos programas es ser radical, tener gríngolas y manifestar un abierto y gigantesco odio contra el Presidente de la República. Si a esto le suman que el vocero opositor le pueda mentar la madre a Chávez o le desee la muerte, mejor. Esa es la política editorial que le gusta a Alberto Federico Ravell, a los prófugos Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, a Miguel Henrique Otero y Teodoro Petkoff, a los Camero y a Marcel Granier, quien sigue en un mar de lagrimas por llevar a RCTV a la ruina tras creerse un supraestado o un ciudadano universal que hace caso omiso de la ley.
Estas empresas radicales que se lucran con tergiversar la realidad venezolana siguen jugando la carta de la desestabilización, de la intervención norteamericana o del magnicidio como medida efectista. Consideran la aplicación del refrán popular de que “muerto el perro, se acabó la rabia”. Por esto, siguen empeñados en su guerra de disociación psicótica y en bombardear cualquier atisbo de entendimiento entre dos factores políticos que cuentan con gran respaldo de la población.
Bien lo señaló el reconocido periodista José Vicente Rangel (en su columna “El Espejo”, publicada en el diario Últimas Noticias, el 24-01-2011): Hay “poderes transnacionales, gobiernos y organismos del entramado desestabilizador que apelan a cualquier recurso para socavar procesos de cambio en la región. Poderes que operan en el territorio nacional, económicos, financieros y en especial los mediáticos. No es simple casualidad que la descalificación más agresiva a lo dicho por Chávez en la Asamblea Nacional provenga de ciertos medios que usurpan el papel de los partidos políticos y de la representación parlamentaria. El efecto mediático opera sobre algunos dirigentes como un estímulo para prodigarse en sandeces, en superficiales consideraciones acerca del contenido de las palabras del Presidente”.
Venezuela vive tiempos de cambios, grandes transformaciones en paz y en democracia, aprobadas en más de una decena de comicios por la mayoría del pueblo. Los medios radicales deben entender que lo que el país entero reclama es la inclusión de todos los sectores sobre la base del diálogo y el respeto a la normativa legal vigente y evitar los caminos violentos que transitó la oposición en 2002, 2003 y 2004 con el sabotaje petrolero, el paro de las empresas privadas, las guarimbas y el foquismo, que dejaron grandes e irreparables pérdidas económicas a la nación.
La oposición, gracias a Dios, aprendió de sus errores y ha entendido que la vía (si quiere alcanzar el poder o ir creciendo en seguidores) es participar electoralmente con las reglas democráticas diáfanas que siempre han estado. La canalla mediática no debe imponer su agenda y menos quebrantar una real voluntad de diálogo por el bien de la patria.
Estos “medios”, que no son tales, se convirtieron desde hace mucho tiempo en activos partidos políticos que no se miden en elecciones buscando los votos del pueblo, sino que imponen la agenda a la dirigencia opositora, so pena de vetarla de sus programas. Son estas empresas las que violan el derecho constitucional a la libertad de expresión, pues si, llegado el caso, un político contrario al Gobierno Nacional reconociera aunque sea un logro del Ejecutivo o asomara la posibilidad de un entendimiento, inmediatamente le cerrarían sus oportunidades de aparecer en las pantallas de televisión, o dar su mensaje por radio o prensa escrita.
La condición para aparecer en estos programas es ser radical, tener gríngolas y manifestar un abierto y gigantesco odio contra el Presidente de la República. Si a esto le suman que el vocero opositor le pueda mentar la madre a Chávez o le desee la muerte, mejor. Esa es la política editorial que le gusta a Alberto Federico Ravell, a los prófugos Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, a Miguel Henrique Otero y Teodoro Petkoff, a los Camero y a Marcel Granier, quien sigue en un mar de lagrimas por llevar a RCTV a la ruina tras creerse un supraestado o un ciudadano universal que hace caso omiso de la ley.
Estas empresas radicales que se lucran con tergiversar la realidad venezolana siguen jugando la carta de la desestabilización, de la intervención norteamericana o del magnicidio como medida efectista. Consideran la aplicación del refrán popular de que “muerto el perro, se acabó la rabia”. Por esto, siguen empeñados en su guerra de disociación psicótica y en bombardear cualquier atisbo de entendimiento entre dos factores políticos que cuentan con gran respaldo de la población.
Bien lo señaló el reconocido periodista José Vicente Rangel (en su columna “El Espejo”, publicada en el diario Últimas Noticias, el 24-01-2011): Hay “poderes transnacionales, gobiernos y organismos del entramado desestabilizador que apelan a cualquier recurso para socavar procesos de cambio en la región. Poderes que operan en el territorio nacional, económicos, financieros y en especial los mediáticos. No es simple casualidad que la descalificación más agresiva a lo dicho por Chávez en la Asamblea Nacional provenga de ciertos medios que usurpan el papel de los partidos políticos y de la representación parlamentaria. El efecto mediático opera sobre algunos dirigentes como un estímulo para prodigarse en sandeces, en superficiales consideraciones acerca del contenido de las palabras del Presidente”.
Venezuela vive tiempos de cambios, grandes transformaciones en paz y en democracia, aprobadas en más de una decena de comicios por la mayoría del pueblo. Los medios radicales deben entender que lo que el país entero reclama es la inclusión de todos los sectores sobre la base del diálogo y el respeto a la normativa legal vigente y evitar los caminos violentos que transitó la oposición en 2002, 2003 y 2004 con el sabotaje petrolero, el paro de las empresas privadas, las guarimbas y el foquismo, que dejaron grandes e irreparables pérdidas económicas a la nación.
La oposición, gracias a Dios, aprendió de sus errores y ha entendido que la vía (si quiere alcanzar el poder o ir creciendo en seguidores) es participar electoralmente con las reglas democráticas diáfanas que siempre han estado. La canalla mediática no debe imponer su agenda y menos quebrantar una real voluntad de diálogo por el bien de la patria.
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